ISSN: 1130-2887 - eISSN: 2340-4396
DOI: https://doi.org/10.14201/alh.27859

Antiimperialismo, democracia y liberación: el Movimiento Todos por la Patria y el Peronismo Revolucionario durante la transición democrática argentina

Anti-imperialism, Democracy and Liberation: The Movimiento Todos por la Patria and Peronismo Revolucionario during Argentina’s Transition to Democracy

Eudald Cortina Orero eudald.cortina@usc.es 1

1 Universidad de Santiago de Compostela

Envío: 2021-12-02

Aceptado: 2022-09-16

Publicación: 2023-01-20

RESUMEN: Desde finales de los setenta, la Nueva Izquierda latinoamericana experimentó amplias transformaciones en relación con sus objetivos y estrategias. Este artículo aborda las propuestas democráticas alternativas impulsadas durante la transición democrática argentina por el Movimiento Todos por la Patria (MTP) y el Peronismo Revolucionario (PR), fundamentadas en una particular articulación entre antiimperialismo, democracia y liberación. Con este objetivo, analizamos sus principales publicaciones: «Frente a la realidad del país y del mundo», «Entre Todos» y «Latinoamérica».

Palabras clave: antiimperialismo; democracia; dependencia; MTP; Peronismo Revolucionario.

ABSTRACT: Since the late 1970s, the Latin American New Left has undergone extensive transformations regarding their objectives and strategies. This article analyzes the alternative democratic proposals promoted during the democratic transition in Argentina by the Movimiento Todos por la Patria (MTP) and Peronismo Revolucionario (PR) based on a specific articulation between anti-imperialism, democracy and liberation. For this purpose, we analyze their main publications: «Frente a la realidad del país y del mundo», «Entre Todos» and «Latinoamérica».

Keywords: Anti-imperialism; Democracy; Dependence; MTP; Peronismo Revolucionario

I. introducción*

La instauración de las dictaduras militares en el Cono Sur a lo largo de los setenta marcó la derrota de los proyectos revolucionarios y el exilio de miles de militantes, que proyectaron su actividad política en un marco transnacional (Marchesi, 2019). La conformación de redes de derechos humanos y la proliferación de organismos de solidaridad convivió con experiencias internacionalistas, especialmente en Centroamérica. En este contexto caracterizado por la derrota y el exilio, pero también por la emergencia de nuevos modelos revolucionarios, la izquierda latinoamericana experimentó amplias transformaciones en relación con sus objetivos, sus estructuras organizativas y sus estrategias de movilización.

Estos cambios se expresaron en un progresivo alejamiento de los postulados revolucionarios y la adopción de tópicos propios del paradigma humanitario (Markarian, 2004). Aunque de forma más tardía, estos debates atravesaron también a la izquierda armada del periodo, cuyas reformulaciones estuvieron mediadas por otros factores. Por un lado, la imposibilidad de una victoria militar alentó a los grupos insurgentes a reconsiderar sus estrategias, adoptando objetivos posibilistas (Kruijt et al., 2020). Por otro lado, el triunfo sandinista introdujo cambios notables en el paradigma revolucionario latinoamericano, definiendo una particular articulación entre lucha armada y democracia (Marchesi, 2019) y entre democracia y revolución (Núñez y Burbach, 1988). Siguiendo a Marchesi, este nuevo modelo introdujo innovaciones como la pluralidad de actores, el reconocimiento de los «derechos liberales», la apuesta por las elecciones y un modelo de economía mixta.

En este sentido, planteamos como hipótesis que las organizaciones armadas de la Nueva Izquierda experimentaron, desde finales de los setenta, transformaciones sustanciales en sus objetivos estratégicos[1], evolucionando desde una perspectiva de revolución socialista hasta identificar la democracia como un objetivo revolucionario para la región. Este proceso de transformaciones ideológicas estuvo sujeto a redefiniciones en las representaciones, discursos y demandas, alentados por el exilio y la movilización transnacional (Markarian, 2004; Padilla y Cristiá, 2021). Pero se nutrió también de continuidades en los imaginarios y marcos militantes (Pirker, 2018). Al respecto, sostenemos que, lejos de restringir la democracia a su concepción liberal, estos grupos articularon sus propuestas democráticas con imaginarios preexistentes, como el antiimperialismo. Así, la militancia contra las dictaduras y, posteriormente, la lucha por la consolidación democrática se enmarcó, para estos grupos, en la emergencia de procesos contrahegemónicos en el Sur global. De este modo, la democracia se proyectó, para estos grupos, como la vía más probable para defender la soberanía nacional y romper el carácter dependiente de las naciones latinoamericanas.

Nuestro artículo busca profundizar en estas reformulaciones, presentes en las propuestas democráticas que emanaron de la Nueva Izquierda. Para ello, retomaremos los casos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y del Peronismo Revolucionario (PR) durante la transición democrática argentina[2]. Esta elección busca responder a dos de los ejes planteados por el dosier: el desarrollo de análisis diacrónicos que aborden las transformaciones de los discursos y prácticas antiimperialistas; y la incorporación de una perspectiva comparada, que dé muestra de las similitudes y diferencias entre dos movimientos, ante una coyuntura que demandó redefiniciones en los métodos de movilización y objetivos programáticos.

En ambos casos, abordamos estructuras impulsadas durante la transición democrática por las direcciones de las principales organizaciones político-militares de los setenta: el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y Montoneros[3]. Compartiendo itinerarios políticos, marcados por el exilio, las experiencias internacionalistas y el impulso de propuestas de retorno, cada estructura definiría en el periodo transicional estrategias diferenciadas en cuanto a su inserción al emergente sistema democrático. Pese a estas discrepancias, ambos grupos compartieron una serie de ejes –soberanía nacional, independencia económica, derechos sociales y participación ciudadana en la toma de decisiones–, sobre los que articularon sus propuestas democráticas. Propuestas que, si bien no dejaron de ser residuales en una sociedad permeada por la «teoría de los dos demonios» (Camacho, 2008; Crenzel, 2013; Franco, 2014), plantearon la construcción de alternativas que, desde la profundización de la democracia, dieran respuesta al carácter dependiente del país. En esta línea, examinaremos el papel que imaginarios compartidos como el antiimperialismo desempeñaron en la construcción de alternativas democráticas en el contexto de la transición argentina, analizando las propuestas del MTP y del PR y rastreando los modelos y experiencias contemporáneas que les influyeron.

El estudio de estos procesos de transformaciones estratégicas se ha dirigido, generalmente, hacia aquellos colectivos que tempranamente iniciaron procesos de conversión ideológica en el exilio, centrando el análisis en los debates intelectuales (Camou y González, 2017; Giller, 2016; Montaña, 2017) y en la articulación de redes transnacionales de derechos humanos (Markarian, 2004; Ribeiro, 2016; Yankelevich, 2009). Esta producción ha acostumbrado a dejar de lado a las organizaciones armadas revolucionarias, tendiendo a situarlas como espacios estancos, cuando, contrariamente, se articularon con redes solidarias, intelectuales e institucionales de carácter transnacional (Ribeiro, 2016b).

La investigación en torno a los grupos analizados apunta al desarrollo de procesos de redefiniciones estratégicas profundas que se expresaron en una revalorización de la democracia representativa y cambios en los modelos organizativos, asumiendo una concepción frentista, una política amplia de alianzas y mayor atención al desarrollo de movimientos sociales (Carnovale, 2013; Cortina Orero, 2017). Particular interés han recibido las transformaciones en el exilio del PRT-ERP (Carnovale, 2014; Inchauspe, 2020) y la evolución de las dos estructuras en las que se dividió. Así, encontramos aproximaciones al desarrollo y las redefiniciones generadas en el sector que renunció a la lucha armada y mantuvo las siglas partidarias (Antognazzi, 2014), así como a las dinámicas del sector que mantuvo una perspectiva insurreccional y que, posteriormente, conformaría el MTP (Carnovale, 2013; Celesia y Waisberg, 2013; Montero, 2012). Aunque el copamiento militar de La Tablada[4], protagonizado por militantes de esta organización en 1989, ha centrado el interés sobre el MTP (Celesia y Waisberg, 2013; Hilb, 2007; Silva, 2013), otros autores comienzan a profundizar en las propuestas políticas y económicas de esta organización (Rossi, 2022b, 2022a).

Las aproximaciones a los procesos de redefiniciones en el seno de la organización Montoneros son más recientes. En esta línea, se ubican los trabajos en torno a los debates internos y las rupturas que experimentó la organización desde 1979, con el surgimiento del Peronismo Montonero Auténtico y Montoneros 17 de Octubre (M-17), así como las adaptaciones discursivas y programáticas tanto de Montoneros como de sus disidencias durante la etapa final de la lucha contra la dictadura (Confino, 2019, 2021; Slipak, 2021). En este campo se insertan los recientes trabajos del autor en torno a la movilización transnacional de Montoneros y su impacto en términos de redefiniciones estratégicas (Cortina Orero, 2020, 2021). Por otro lado, merecen atención los trabajos de Baeza Belda para el periodo transicional, que abordan la evolución del pensamiento montonero, a partir del estudio de El Auténtico –órgano del Partido Peronista Auténtico, organismo electoral impulsado por Montoneros– y La Voz, diario ligado al PR durante la transición, y permiten situar las dinámicas de este sector en el proceso de renovación peronista (Baeza Belda, 2009, 2016).

En relación con las fuentes utilizadas, retomaremos las publicaciones periódicas impulsadas por los dos colectivos en el periodo: Frente a la Realidad del País y del Mundo y Entre Todos, para el grupo procedente del PRT-ERP; y la revista Latinoamérica, promovida por el PR[5]. De igual modo, nos apoyaremos en una colección documental de esta organización perteneciente a los fondos impresos del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CeDeMA)[6] y en fuentes orales.

En cuanto a la estructura del artículo, abordamos en un primer apartado (II) el desarrollo orgánico del PRT-ERP y Montoneros desde la instauración de la dictadura, su movilización transnacional y las adaptaciones organizativas y estratégicas que ambos grupos afrontaron en el contexto de la transición democrática. Los apartados III y IV profundizan en la caracterización del país y del proceso transicional por parte del MTP y del PR. Finalmente, analizamos en los apartados V y VI las propuestas democráticas alternativas orientadas a la emancipación nacional y desarrolladas por ambas organizaciones a lo largo de los ochenta.

II. Del retorno en armas a la movilización por
la consolidación democrática

Con la instauración de la dictadura (1976), la actividad del PRT-ERP y Montoneros se trasladó a la esfera internacional. Los golpes represivos, la caída de varias direcciones en el caso del PRT-ERP y el exilio de sus militantes alentaron una creciente dispersión y quiebres orgánicos. Hacia 1978, en el PRT-ERP se definieron dos tendencias. La primera, liderada por Luis Mattini, experimentó un progresivo alineamiento al movimiento comunista internacional, centrando su actividad en la denuncia internacional y desistiendo del reingreso al país. El segundo, que se agrupó en torno a Enrique Gorriarán, desarrolló una práctica internacionalista, incorporándose al FSLN en Nicaragua. A raíz del triunfo sandinista, en julio de 1979, numerosos militantes vinculados a este sector se integraron a las estructuras de seguridad e inteligencia nicaragüenses. Desde este ámbito, participaron en la ejecución de Pablo Salazar, principal mando de la incipiente Contra en Honduras, y el magnicidio de Anastasio Somoza Debayle (Alegría y Flakoll, 1993; Mandriotti, 2003).

A la altura de 1981, esta estructura concretó sus esfuerzos de retorno a Argentina con la instalación de un grupo guerrillero en el Calilegua (Jujuy). La perspectiva inicial, que contemplaba la apertura de otros frentes rurales y el trabajo político en las ciudades, cambió por completo a raíz de la derrota argentina en Malvinas y el incremento de la movilización antidictatorial (Chamorro, 2016) [7]. Como consecuencia, el grupo optó por desmovilizar esta estructura armada. Sin embargo, esto no significó una renuncia a la práctica armada por parte de esta estructura. Por el contrario, numerosos militantes seguirían formándose militarmente en Nicaragua en los Batallones de Lucha Irregular y las Tropas Pablo Úbeda del Ministerio del Interior o en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala (Moreyra, 2016)[8].

Al igual que los militantes perretistas, Montoneros impulsó su propio proyecto de retorno mediante la Contraofensiva Estratégica. Esta se desarrolló en dos etapas entre 1979 y febrero de 1980, y contemplaba acciones de propaganda, sabotaje y el ataque directo a personalidades de la dictadura. En lógica con este operativo, numerosos militantes fueron entrenados en campamentos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del Líbano y Siria, o recibieron formación en España y México ( Confino, 2018; Robledo, 2018). Desde este país, dos estructuras montoneras –la Brigada Sanitaria Adriana Haidar y el Grupo de Combate General San Martín– se incorporaron al proceso sandinista en apoyo a la reconstrucción de Nicaragua (Cortina Orero, 2020, 2021). Para ese momento, mediados de 1979, los desastrosos resultados y el elevado número de bajas durante la Contraofensiva habían generado una primera ruptura en el exilio, conformándose el Peronismo Montonero Auténtico. Un año después, en abril de 1980, se concretaría la segunda disidencia: Montoneros 17 de Octubre (Confino, 2019)[9].

El fracaso de la Contraofensiva significó el cierre de la propuesta armada de Montoneros, que entre 1980 y 1982 viró su estrategia hacia la inserción en los organismos sindicales y de masas. Este viraje mantuvo una perspectiva insurreccional, entendiendo que la caída de la dictadura pasaba necesariamente por la extensión de movilizaciones masivas y de expresiones de «rebeldía generalizada», que tendrían su detonante en el desarrollo de conflictos sindicales. Las experiencias en Nicaragua e Irán y el incremento de la movilización sindical a lo largo de 1981 permearon esta evaluación (Perdía, 1997; PR, 1986a). Paralelamente, diversas estructuras de apoyo y conducción, todavía clandestinas, se asentaron en países vecinos (De Gatica, 2016)[10].

Aunque con lecturas contrapuestas en torno al intento de recuperación de Malvinas por parte de la dictadura, la derrota argentina definió para ambas organizaciones el curso de acción. El cambio en la situación política determinó una reevaluación de los métodos de protesta, alentó a ambos grupos a adaptar sus estructuras organizativas y definió como eje del debate las características, bases y objetivos de la democracia a construir tras la caída de la dictadura.

Tras desactivar el grupo guerrillero de Jujuy, el grupo perretista conformó en Brasil el Frente de Liberación Nacional San Martín (Celesia y Waisberg, 2013), una estructura que tendría expresión a través del periódico Frente, y que dejaba entrever el carácter que asumiría el futuro MTP. Considerando caducas las estructuras políticas tradicionales y asumiendo que las organizaciones setentistas no se ajustaban a «los requerimientos políticos» del momento, la propuesta se caracterizó por su vocación unitaria. En esta línea, buscó agrupar a sectores progresistas de los partidos tradicionales, militantes de los setenta y las jóvenes generaciones de los emergentes movimientos sociales: «Un referente político revolucionario nacional que, posibilitando a sus miembros mantener la identidad política preexistente, les permita unirse en base a un proyecto de país futuro» (Gutiérrez y Gorriarán, 1985).

La dinámica del grupo fluyó entre Nicaragua y Argentina. Desde 1983, militantes del PRT asentados en este país comenzaron a regresar a Argentina, desarrollando trabajo sectorial y difundiendo el proyecto movimientista entre sectores del Partido Intransigente, del catolicismo tercermundista y otras corrientes progresistas. Desde Argentina o el exilio viajaron a Nicaragua militantes procedentes de las rupturas montoneras –particularmente M-17–, del Peronismo Base (PB), intelectuales, religiosos y activistas de derechos humanos para debatir en tono a la nueva estructura política. A estos se unieron los presos políticos del PRT que paulatinamente fueron excarcelados. Desde noviembre de 1984, el movimiento se expresó públicamente desde la revista Entre Todos, aunque no fue hasta 1986 cuando el MTP se estructuró formalmente en Nicaragua (Cortina Orero, 2017).

Debilitado por el fracaso de la Contraofensiva y las sucesivas rupturas en el exilio, Montoneros inició una progresiva reinserción en las estructuras del movimiento justicialista. A la par que conformaba una dirección clandestina en el país, el Movimiento Peronista Montonero (MPM) se aproximó a la corriente Intransigencia Peronista, liderada por Vicente Leónides Saadi. A finales de 1982, el acuerdo entre ambos grupos se tradujo en la formación de Intransigencia y Movilización Peronista (IMP). Si, para Montoneros, la alianza permitía abrir espacios del justicialismo, para Saadi significó ampliar su influencia hacia provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde era residual (Roland, 2019). El acuerdo se tradujo en el apoyo económico y técnico de Montoneros, con la financiación y lanzamiento del diario La Voz (Baeza Belda, 2009; Mancuso, 2015).

En lógica con el viraje iniciado por Montoneros, la organización profundizó su actividad sobre el sector sindical impulsando en 1983 la formación de las Agrupaciones Sindicales Peronistas (ASP) y reorganizando la Juventud Peronista Regionales. Estos esfuerzos de reinserción orgánica chocaron no solo con el miedo generado por la dictadura hacia cualquier tipo de movilización y con la desconfianza hacia el peronismo montonero, sino que fueron objeto de represión directa por parte de la dictadura. En abril de 1983 fue asesinado Raúl Yäger, miembro de la conducción clandestina en el interior del país. Días después serían secuestrados y asesinados Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso. Estas muertes profundizaron el aislamiento del peronismo montonero, dificultando su inserción política y su reconstrucción orgánica, obligando al repliegue de su dirigencia a Brasil (Perdía, 1997, 2013). Las caídas afectaron la relación con Saadi y el desarrollo de IMP. El gobierno militar lanzó una campaña mediática denunciando un rebrote subversivo, del que responsabilizó a IMP, produciendo el desmentido de Saadi y el distanciamiento de sus aliados coyunturales.

Quizás en respuesta a este aislamiento, el siguiente movimiento montonero rompió con la línea de reinserción en el peronismo que había guiado su estrategia. El 20 de diciembre de 1983, días después de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, regresaron al país los dirigentes del MPM Ricardo Obregón Cano y Oscar Bidegain, exgobernadores de Córdoba y Buenos Aires. Obregón fue apresado a su llegada, en respuesta al Decreto 157/83. Bidegain, que evitó la detención, leyó una declaración anunciando la disolución del MPM y la apuesta por recuperar «la personalidad política» del Partido Auténtico. En este documento, el peronismo montonero reconocía al gobierno radical electo y se posicionaba como «oposición democrática» en el marco del «auténtico movimiento peronista».

Esta postura confrontativa con el Partido Justicialista (PJ) es explicada en sus memorias por el dirigente montonero Roberto Perdía como una fórmula que buscaba evidenciar el tránsito hacia «otra etapa de nuestra vida institucional», a la vez que perseguía reparar institucionalmente la expulsión de Obregón Cano y Bidegain del PJ (Perdía, 1997). Sin embargo, el propio Perdía ofreció otra versión en un plenario militante durante 1986. En esta intervención, el líder montonero asumía el desarrollo de una estrategia electoral propia y la construcción de una alternativa al peronismo derrotado en los comicios de 1983:

Efectivamente, se lanza el PA en un marco político en el cual [...] se partió del supuesto de que el radicalismo [...] que esa hegemonía de los sectores medios iba a procurar una alianza más extensa en el tiempo con los sectores populares. Y que entonces, en esos valores, el aspecto autoritario que significaba el peronismo iba a tener tal peso en la sociedad, que iba a ser descartado. Entonces ahí se plantea el tema de la fractura [...] Y se opta por ese camino. Se opta por el camino de una vía alternativa al que el peronismo de la derrota tenía. (PR, 1986a)

Tras una nueva etapa marcada por los bandazos en la interna justicialista y la dispersión de la militancia montonera en diversas siglas, la corriente agrupada en torno a la antigua conducción de Montoneros conformó en agosto de 1985 el Peronismo Revolucionario (PR) (PR, 1985).

III. Dependencia y construcción democrática

PR y MTP caracterizaron el gobierno militar como un régimen enmarcado en la doctrina de seguridad nacional[11]. Desde esta identificación ambas organizaciones señalaron las amplias transformaciones experimentadas en el país a la salida de la dictadura. Para el PR, su implantación significó el recambio de la estructura productiva del país y la imposición de un modelo capitalista dependiente basado en las «ventajas comparativas». Este modelo perseguía el traslado de recursos «desde la periferia dependiente» hacia EE. UU. para financiar el proyecto económico de «expansión imperialista», para lo cual necesitaba la concentración del poder en los países dependientes «para sostener a cualquier costo el proyecto económico» (PR, 1987).

En línea con esta caracterización, el sector procedente del PRT identificó a las transnacionales como las principales beneficiarias de la dictadura, e incidió en las transformaciones sociales generadas por el proyecto económico de Martínez de Hoz[12]. Desde Entre Todos, se identificarían la reducción y la destrucción del aparato productivo, cuyo impacto se traduciría en un debilitamiento de la burguesía y la clase obrera y en el engrosamiento de lo que el MTP definiría como «sectores flotantes». Para este colectivo, el desarrollo dependiente de la economía argentina se reflejaba en tipos primitivos de producción, latifundios y desempleo crónico, lo que generaba un desarrollo «distorsionado» de las clases sociales. Así, la Argentina postdictadura presentaba ausencia de «clases sociales fuertes» y el desarrollo de «amplios sectores flotantes» (Entre Todos, 1986a).

En función de esta caracterización, la propuesta del MTP se orientó a construir un Frente de Liberación Nacional, capaz de agrupar al conjunto de los sectores populares, capas medias y fracciones del empresariado nacional, frente a un enemigo común: el imperialismo y sus aliados internos, los «sectores granburgueses y oligárquicos» (Entre Todos, 1986a; Gaggero, 1985d). Este frente debía articular diferentes sensibilidades políticas ante la inexistencia de una única fuerza –en clara alusión al peronismo– capaz de liderar por sí sola el proceso emancipador. En esta línea, la propuesta movimientista se orientaba a nuclear las corrientes progresistas, democráticas y antiimperialistas bajo un programa de liberación que tenía como objetivos centrales la profundización de la democracia y la liberación nacional. El eje de esta articulación debía ser la lucha contra las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la movilización en torno a la deuda externa. A este «Frente de Unidad Nacional contra el FMI» era deseable aproximar a amplios sectores del radicalismo en el gobierno, incluido el presidente Alfonsín (Gaggero, 1985a, 1985d). Por el contrario, establecía un claro distanciamiento con el PJ, particularmente con su derecha y sectores renovadores, desde el que se apelaba a un frente nacional, liderado por el justicialismo, a imagen del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) en 1973:

En esta alianza [...] se habla de «Liberación Nacional», de «profundas reformas sociales» y de oponerse a esta «democracia colonial». Todos planteos carentes de seriedad, ya que es indudable que se bastardea el objetivo de la Liberación cuando se lo vincula a grupos políticos que tienen una «consecuente» trayectoria al servicio de la dependencia, como el de la dupla Frondizi-Frigerio, o con sectores que colaboraron abiertamente con la dictadura militar. (Gaggero, 1985d)

Para el PR, en cambio, el peronismo se mantenía como identidad mayoritaria entre los trabajadores y seguía siendo la fuerza que hacía «inviable» la estabilidad del «sistema dependiente». Esto le otorgaba la capacidad de constituirse «en el principal convocante» del Frente de Liberación Nacional y Social (PR, s. f.). Esta capacidad, no obstante, quedaba sujeta al desarrollo de un proyecto nacional de liberación y una estrategia que permitiera al peronismo construir una «alternativa superadora» del proceso de transición. En esta línea, el PR advertía que el carácter revolucionario del peronismo solo se mantendría mientras este asumiera un carácter «cuestionador del ‘statu quo’ de la dependencia» y canalizara la movilización de los diversos sectores de la sociedad «por encima de los moldes de un partido liberal» (PR, 1985).

Para el PR, la contradicción principal seguía expresándose en la consigna «Liberación o Dependencia» y en la renovación del enfrentamiento Nación-Imperialismo y Pueblo-Oligarquía. Como el MTP, identificaba en el rechazo a las políticas del FMI y la moratoria de la deuda externa el principal eje alrededor del cual «concretar la unidad nacional» (PR, 1987). Pese a señalar al peronismo como principal convocante del frente de liberación, rechazaba definir el «campo nacional y popular» en términos ideológicos. Por el contrario, apuntaba a los factores económico-sociales como elemento unificador: «Se trata de la totalidad de los sectores sociales que no constituyen la minoría oligárquica asociada a los intereses imperialistas» (Firmenich, 1985).

En síntesis, ambas organizaciones caracterizaban Argentina como un país periférico, con una economía dependiente, identificando al imperialismo, la gran burguesía y la oligarquía como enemigos principales, y vinculando el tránsito a la democracia a un necesario proceso de liberación nacional. De este modo, tanto el MTP como el PR señalaban la «subordinación política, económica y militar respecto a Estados Unidos» (Frente a la Realidad..., 1982a), ligando el futuro del país al conjunto de América Latina y encuadrando su proceso de liberación en el marco de las luchas del Tercer Mundo (Burgos, 1985a; PR, 1985).

IV. Democracia en transición

La incipiente democracia se enfrentaba, para ambos grupos, a cinco grandes amenazas. Tres de ellas aparecen ligadas a los procesos de resistencia al cambio democrático por parte de las fuerzas armadas y sectores civiles afines a la dictadura. Esta reacción se expresaba en una permanente amenaza de golpe de Estado (Frente a la Realidad..., 1982b; Latinoamérica, 1984), aspecto que sería particularmente enfatizado desde las páginas de Entre Todos. En esta línea, la publicación alertaba del pulso de grupos minoritarios «nostálgicos de la dictadura», que seguían apostando al restablecimiento del modelo autoritario como salida a la transición (Burgos, 1985a; Gaggero, 1986a).

La amenaza golpista iría consolidándose como una posibilidad real para la militancia del MTP, especialmente a partir del alzamiento militar de abril de 1987. Frente a esta «conspiración antidemocrática» se demandaban al gobierno radical medidas encaminadas a «liquidar los focos terroristas de derecha y el golpismo de las Fuerzas Armadas» (Entre Todos, 1987; Gutiérrez y Gorriarán, 1985). Este aspecto aparece estrechamente vinculado a las siguientes dos amenazas que enfrentaba la transición: el mantenimiento de los aparatos represivos de la dictadura y la impunidad. En este punto, el procesamiento de los implicados en delitos de lesa humanidad, el castigo de los responsables del terrorismo de Estado y la depuración de las Fuerzas Armadas serían identificados como medidas indispensables para fortalecer la democracia (Burgos, 1985b, 1986a; Matarollo, 1985).

Los otros dos frenos al proceso de democratización provendrían de condicionantes económicos y estructurales. Desde 1984 ambos grupos señalarían el progresivo deterioro de la situación social, el crecimiento del desempleo y el desigual desarrollo de las economías provinciales como factores que hacían peligrar la consolidación democrática (Burgos, 1984; PR, 1985). Pese a identificar las políticas económicas de la dictadura como causantes de estos desequilibrios, tanto el PR como el MTP apuntarían al programa económico radical como foco del desencanto popular ante la democracia emergente, alertando de que este distanciamiento fortalecía a los grupos que propugnaban una salida autoritaria (Entre Todos, 1985a). Para el PR, además, el plan gubernamental reflejaba «una total sujeción» a los dictados del «gran capital financiero internacional» y, en consecuencia, la cesión de la «hegemonía del proyecto del gobierno democrático de transición» a los intereses de la alianza «oligárquico imperialista» (PR, 1985).

En definitiva, tanto el PR como el MTP identificaban en el carácter dependiente del país el principal obstáculo que enfrentaba la transición democrática. Para estos grupos, la sujeción a las políticas fondomonetaristas y el pago de los intereses de la «deuda externa» impedían atender las necesidades elementales de amplios sectores de la población, poniendo en riesgo la continuidad democrática (Burgos, 1985b; Entre Todos, 1985c; Latinoamérica, 1984).

Establecían así una contradicción fundamental entre democracia, como una construcción solidaria encaminada a la liberación nacional, y dependencia, como continuidad de la dominación imperialista sobre el país: «No puede haber democracia, y a la vez hambre, miseria y desocupación. En realidad los términos democracia y FMI son incompatibles. Por eso fortalecemos la primera, enfrentando la política fondo monetarista; o aceptamos el ajuste, abonando el camino a los golpistas» (Gaggero, 1985b). La clave de esta problemática, se insistiría desde Entre Todos, no estaba en la democracia como sistema político, sino en las «estructuras capitalistas dependientes», que impedían la participación del sujeto de la democracia –el pueblo– en la toma de decisiones que afectaban directamente a su bienestar y al futuro del país (Entre todos, 1985b).

Al igual que el MTP, desde el PR se apuntaría a la continuidad de los «factores externos e internos de dominación» como elementos que condicionaban la acción del gobierno y el desarrollo democrático. El PR identificaba al FMI como una de las expresiones «más claras del imperialismo» (Latinoamérica, 1984), y destacaba el plan económico radical como el principal factor que ponía en riesgo «el destino de la transición democrática» (PR, 1985). Para la agrupación montonera, esta política económica anteponía los intereses de la «dependencia nacional» y de los «intereses económicos antidemocráticos». De este modo, establecía una continuidad –en términos económicos– entre la dictadura y la democracia en transición, denunciando un «continuismo oligárquico bajo el ropaje de una democracia formal» (PR, 1985). En esta línea, el PR alertaba de una progresiva restricción de la democracia, orientada a reprimir «la inevitable protesta social» y a hacer efectivos a cualquier coste los lineamientos del FMI, lo que encaminaba la transición democrática hacia una «democracia de la dependencia» (Latinoamérica, 1985).

La capacidad de dirimir en clave nacional esta dependencia sería, para ambos grupos, lo que habría de definir el camino de la democracia argentina, que se presentaba aún en construcción y cuyos sentidos aparecerían permanentemente en pugna.

Para el PR la transición no era una «originalidad argentina», sino que respondía a una estrategia estadounidense para «los nuevos tiempos del sistema de dependencia». Este modelo contemplaba la transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos demoliberales en una estrategia de medio a largo plazo (PR, 1986b). En el caso argentino, este proceso debía inscribirse en un traslado de los intereses imperialistas desde el Cono Sur hacia Centroamérica, lo que, unido al agotamiento de las dictaduras, habría desembocado en el retiro del gobierno militar a través de una democracia de transición.

En este punto, la transición democrática expresaba un «equilibrio estratégico» entre el «campo nacional y popular» y el «campo oligárquico imperialista». Entendiendo que este equilibrio era «dinámico, móvil e inestable», el PR asumía que el modelo transicional no podría perdurar ni consolidarse y que, necesariamente, daría lugar a una «modificación». Se abrían entonces dos posibilidades: «o una salida superadora de la transición hacia la liberación nacional, la justicia social y la estabilidad de una democracia real, social y participativa; o, por el contrario la salida del retroceso histórico del pueblo y de la Nación, que significa el continuismo de la hegemonía de los grupos económicos oligárquicos imponiendo su dominación» (PR, 1987).

V. MTP: «Ni democracia sin liberación, ni liberación sin democracia»

En lógica con las amenazas identificadas en el anterior apartado, las propuestas del MTP y del PR buscaron levantar modelos democráticos alternativos que, reconociendo principios esenciales de las democracias liberales como la pluralidad de partidos y los procesos electorales, pusieran el eje en la movilización de la ciudadanía, en su participación directa en la toma de decisiones y en la adopción de políticas encaminadas a quebrar el modelo de dependencia.

En el caso del MTP, este modelo alternativo comenzaría a tomar forma desde finales de 1982 a través de las páginas de Frente, cuya primera portada preguntaba «¿Qué democracia?». En el interior, su director, Rafael Marino, perfilaba algunos rasgos básicos de la propuesta democrática del colectivo en un momento en que la salida de la dictadura no aparecía consolidada. En este contexto, Marino planteaba la insuficiencia de una democracia limitada al proceso electoral, abogando por la organización y la movilización popular como garantía para su efectivo desarrollo: «Queremos las elecciones, sí, pero custodiadas por el pronunciamiento, la movilización y las exigencias programáticas de las bases» (Marino, 1982). La supervivencia del proceso democratizador quedaba igualmente ligada a la recuperación de la soberanía económica. En este sentido, el periódico alentaba el control del gobierno transicional sobre el crédito y el comercio exterior, para quebrar el control de la economía por parte de la «‘trenza’ financiero-exportadora», y limitar la posibilidad de un golpe económico contra el emergente gobierno democrático (Frente a la Realidad..., 1982b).

Asentado ya el gobierno radical, el embrionario MTP articularía su propuesta democrática desde la revista Entre Todos, poniendo el foco en profundizar la democracia.

Uno de los ejes de esta ampliación recaía en la necesidad de encaminar la democracia argentina hacia una democracia participativa. La movilización y la participación popular en la toma de decisiones no solo representaban la única garantía de defensa ante una arremetida autoritaria, sino que para el MTP eran el cauce que permitiría articular los «derechos humanos individuales de la democracia liberal» con los derechos colectivos «propios de las democracias sociales» (Burgos, 1984; Entre Todos, 1985b). En línea con este planteamiento, el documento fundacional del MTP recogía la necesidad de construir una democracia participativa, que tuviera expresión en la «intervención del pueblo organizado» en todos los niveles, incluida la esfera económica. En este sentido, sostenía la necesidad de reconstruir las organizaciones sociales destruidas por la dictadura, impulsar una reforma constitucional que garantizase la participación mediante la consulta popular –vía plebiscito o referéndum– y la revocación del mandato ante el incumplimiento de acuerdos electorales (MTP, 1986a, 1987).

Frente a un modelo que se orientaba a una «democracia restringida y dirigida», reducida a la elección de representantes, el MTP plantearía un modelo democrático participativo en el que el pueblo fuera actor y no simple espectador (Fernández, 1986; Gaggero, 1986b, 1987). Se trataba, desde la óptica del MTP, de un modelo a desarrollar a través del protagonismo y la participación popular, tendiente a formas crecientes de participación y autogobierno:

¿Cuál sería nuestro modelo? Acá la separación entre gobernados y gobernantes no va [...] plantear la contradicción entre lo restringido y lo participativo, entre ser representado y ser protagonista, es más útil que mantener el viejo esquema de que la democracia es el instrumento de dominación de una clase sobre la otra (Entre Todos, 1986b).

El segundo eje de esta propuesta democrática fue la ampliación de derechos sociales. En este punto, encontramos modos divergentes de entender la democracia. Por un lado, la del gobierno radical, que para el MTP asumía la democracia en términos de libertades públicas. Y, por otro lado, la propuesta movimientista, que abogaba por extender la democracia al campo económico y social (Fernández, 1986). De este modo, el MTP proponía la construcción de una democracia solidaria que velara tanto por los derechos individuales como colectivos (Entre Todos, 1985b). Así, alentaría la protección jurídica y constitucional de derechos sociales y económicos como el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, la cultura o el ocio (Gaggero, 1986b; MTP, 1986a).

Para el MTP, esta ampliación de derechos encontraba su principal obstáculo en el carácter dependiente del país, estableciendo una conexión directa entre el pago de la deuda externa y la imposibilidad de un desarrollo democrático sostenido para el país:

El problema de la especulación financiera y el endeudamiento ilegítimo es también un problema de democracia comprometida y de derechos humanos burlados. [...] La falta de democracia política y de garantías individuales está unida a la falta de disfrute efectivo [...] de esos derechos colectivos de supervivencia que garantizan la satisfacción de las necesidades básicas (Matarollo, 1985).

El tercer eje de la construcción democrática del MTP tendería, entonces, a democratizar la economía, entendiendo esta democratización como el bienestar de las grandes mayorías y la búsqueda de la soberanía económica del país.

Quebrar la dependencia sería pues, para el MTP, el único camino para un desarrollo democrático conducente a un proceso de liberación, lo que significaba apostar por un «modelo productivo independiente», que permitiera aislar la especulación y los intereses de los monopolios y de la «patria financiera» (Entre Todos, 1985a; MTP, 1986a). Este modelo buscaba vertebrar el país –reduciendo las desigualdades entre provincias– y fortalecer su desarrollo productivo «rompiendo las ligaduras de la dependencia financiera, tecnológica y comercial» (Burgos, 1986a; Entre Todos, 1985d). En definitiva, la propuesta buscaba colocar la economía al servicio del desarrollo nacional, lo que significaba limitar la influencia de las multinacionales y un cambio de rumbo en relación con la deuda externa (Burgos, 1986b).

Bajo este paradigma, el proyecto económico movimientista proponía implementar una economía mixta, que contemplaba nacionalizar intereses británicos y estadounidenses y el no pago de la deuda externa (MTP, 1986b). En el plano internacional, el MTP sostenía la necesidad de generar un frente común de los deudores latinoamericanos; la construcción de un Mercado Común Latinoamericano basado en la solidaridad y el respeto mutuo, y el impulso de un Nuevo Orden Económico, que priorizara el desarrollo de las naciones empobrecidas (MTP, 1986a). Para el MTP, la política económica debía afrontarse como una «cuestión de derechos humanos abarcadora», que no solo implicaba intereses individuales y de grupos sociales, sino el derecho de los pueblos a la supervivencia y libre determinación (Matarollo, 1985).

La propuesta de democracia participativa del MTP encontraba en el modelo nicaragüense un espejo donde Argentina y América Latina podían mirarse. Para este colectivo, el proceso sandinista sintetizaba la posibilidad de desarrollar un modelo democrático con pluralismo y economía mixta, en el marco de un proceso de liberación nacional capaz de implementar profundas transformaciones sociales (Gaggero, 1985e; Gutiérrez y Gorriarán, 1985):

Democracia, liberación, humanización de la vida –acceso a la salud, la educación y la vivienda– en síntesis, participación en todos los planos, es lo que caracteriza a la Nueva Nicaragua, y eso es lo que ‘amenaza’ a la dominación imperialista que sufrimos los latinoamericanos y los pueblos del Tercer Mundo (Gaggero, 1985c).

VI. PR: «Democracia para la liberación o democracia colonial para la dependencia»

En la lógica de transitoriedad otorgada al régimen democrático postdictadura, el PR advertía cuatro alternativas en disputa. En primer lugar, el proyecto de Segunda República impulsado desde el gobierno radical, que asumía como un modelo de reacomodo de la dependencia y continuidad del «proyecto neocolonial» de la dictadura. En segundo lugar, la de aquellos que pretendían perpetuar la «democracia de transición», sacralizando la «democracia liberal formal». En tercer lugar, la alternativa de la izquierda, incapaz de sumar fuerzas suficientes para afrontar el proceso emancipador. Y, finalmente, la alternativa superadora que debía encaminar la transición hacia un proyecto nacional de liberación (PR, 1987).

Asumiendo como improbables tanto la opción de la izquierda como la perpetuación de la «democracia de transición», para el PR existían esencialmente dos modelos en pugna para el futuro del país: la consolidación del capitalismo dependiente o el desarrollo independiente en el marco de una revolución nacional (Bebilacqua, 1985).

Desde la visión del PR, el Plan Austral –programa económico implementado en junio de 1985– encaminaba el país hacia la primera opción, institucionalizando la dependencia e introduciendo cambios sustanciales en la estructura social y productiva del país. Este nuevo modelo, definido como «dependencia democrática», ponía el eje en controlar la inflación descuidando problemas centrales como la recesión, la deuda externa, la estructura oligopólica y, fundamentalmente, la dependencia. Por el contrario, la privatización de sectores estratégicos como transporte, comunicaciones y energías acentuaba esta dependencia, a la vez que limitaba la capacidad del Estado para atender las problemáticas sociales como resultado de las políticas de austeridad (González Olguín, 1985; Latinoamérica, 1985).

Frente a esta salida, el PR abogaba por un camino «superador» que diera respuesta a tres aspectos. Primero, la transición debía saldar políticamente el pasado mediante un proceso de autocrítica y reconciliación nacional. Segundo, debía dar respuesta a los graves problemas económicos y sociales, mediante una moratoria de la deuda externa, la concertación de una política económica de transición con justicia social que resolviera las situaciones de desigualdad y la reforma de la legislación laboral heredada de la dictadura. Finalmente, la transición debía desembocar en un Pacto Constituyente de una nueva Argentina (PR, 1987).

A diferencia del modelo de «dependencia democrática», la Argentina emanada de este pacto debía caracterizarse por un modelo democrático que recogiera «el sentimiento humanista y cristiano» propio de las tradiciones «independencistas y liberadoras del pueblo trabajador», en oposición al modelo impulsado desde el radicalismo, definido por su «prejuicio liberal, positivista y anticlerical». Del mismo modo, oponía un modelo sustentado en el federalismo político y económico y el desarrollo soberano, frente a una propuesta que, desde su perspectiva, encaminaba al país hacia una «modernización dependiente» (PR, s. f.).

Como el MTP, el PR asumiría el pluralismo como rasgo intrínseco de la democracia, abogando por la construcción de una «democracia social» bajo un modelo de economía mixta, que incluía la estatización de la banca y el comercio exterior como medio para evitar la fuga de la riqueza nacional, la reforma agraria y la protección de la industria mediante la sustitución de importaciones de bienes y servicios (Bebilacqua, 1985; PR, s. f.). Este modelo entroncaba con la experiencia histórica de los gobiernos peronistas antes que con el ejemplo de la Nicaragua sandinista y alejaba la propuesta democrática del Peronismo Revolucionario de la «democracia participativa» alentada desde el MTP. En este sentido, aunque el PR abogaba por la participación organizada del pueblo como garante de la construcción de la «democracia nacional para la liberación», identificaba el proceso electoral como su principal canal de expresión. En esta línea, el PR apostó al desarrollo de un «proyecto nacional y popular» que, liderado por el PJ, se convirtiera en alternativa al radicalismo en las elecciones de 1989 (PR, 1986b).

VII. Conclusiones

Tanto Montoneros como el sector procedente del PRT-ERP implementaron a inicios de los ochenta cambios sustanciales en sus estrategias de movilización y estructuras organizativas. El fracaso de los intentos de retorno en armas, la debilidad orgánica resultado de la represión y rupturas internas y el cambio en la situación política del país, a raíz de la derrota militar en Malvinas y el incremento de la movilización antidictatorial, alentaron estas transformaciones.

En un contexto definido por la transición de la dictadura a la democracia, ambas organizaciones buscaron insertarse políticamente recorriendo distintas vías. Mientras la agrupación montonera avanzó una progresiva reinserción en el PJ hasta estructurarse como corriente interna con la conformación del PR en 1985, el sector con origen en el PRT se lanzó a la construcción de un nuevo movimiento, que intentó agrupar diversas ascendencias políticas y que tuvo como resultado la conformación del MTP en 1986. En ambos casos, estos esfuerzos adaptativos se vieron afectados por la represión institucional, la persecución judicial y una sociedad permeada por la teoría de los dos demonios.

Respecto a la práctica armada, estrategia que había caracterizado a ambos colectivos hasta finales de los setenta, observamos diferencias notables. Mientras el PR centró su actividad en el ámbito sindical y en el movimiento justicialista, rechazando formalmente la acción violenta (PM, 1983), la situación en el sector procedente del PRT sería más ambigua. Si bien el grupo se orientó a la construcción de un nuevo movimiento político amplio –el MTP–, algunos de sus militantes prosiguieron su práctica armada como internacionalistas en Nicaragua o Guatemala. El desenlace de este movimiento, con el copamiento de La Tablada, evidencia la persistencia de una visión insurreccional, que persistió durante el proceso de transición democrática.

Ambos grupos caracterizaron el sistema postdictadura como una democracia en transición, sujeta a amenazas de corte interno –regreso a un modelo autoritario mediante un golpe de Estado–, económico –deterioro de la situación social– y de naturaleza estructural, debido al carácter dependiente del país. Tanto el PR como el MTP identificaron la dependencia, la sujeción a las políticas del FMI y la deuda externa como los principales obstáculos al proceso de democratización. Desde este posicionamiento, fijaron una contradicción fundamental entre democracia, como modelo en construcción encaminado a la liberación nacional, y dependencia, como estructura de dominación imperialista.

La democracia en transición estaba definida por su inestabilidad y la existencia de modelos democráticos que pugnaban por ser hegemónicos y cuya consolidación determinaría la salida transicional, bien hacia una continuidad de la dominación de los grupos económicos y el imperialismo, bien hacia un proceso de liberación nacional y la construcción de una democracia participativa con justicia social.

Desde el reconocimiento de principios fundamentales de la democracia liberal como la pluralidad de opciones políticas y el juego electoral, los modelos alternativos elaborados por el MTP y el PR tuvieron como objetivos profundizar la democracia y quebrar la dependencia.

La propuesta del MTP se orientó a la construcción de una democracia participativa, sustentada en la movilización y el protagonismo popular en la toma de decisiones, encaminada a garantizar y ampliar los derechos sociales y económicos de la ciudadanía. En línea con este objetivo, el MTP propuso «democratizar la economía», implementando un modelo de economía mixta que diera respuesta a las necesidades básicas de la población y permitiera al país alcanzar su soberanía económica.

El modelo del PR haría menor énfasis en lo participativo, centrándose en la construcción de una alternativa desde el justicialismo a la consolidación del modelo de «dependencia democrática» impulsado por el radicalismo. En antagonismo con este modelo, la propuesta montonera contraponía una democracia social con «sentimiento humanista y cristiano» que, sustentada en un federalismo político y económico, permitiera al país alcanzar un desarrollo soberano en oposición a la «modernización dependiente».

En la elaboración de estos modelos alternativos, observamos que, mientras el MTP vería en la experiencia sandinista la síntesis de un desarrollo democrático, enmarcado en un proceso de liberación, con participación popular, pluralismo político y economía mixta, el PR fundamentaría su propuesta democrática alternativa partiendo de la propia experiencia histórica del peronismo.

Desde esta perspectiva, el PR se sumó a los esfuerzos que llevaron a la presidencia al candidato justicialista Carlos Menem en julio de 1989. Un año después, la conducción histórica de Montoneros, expresada en el PR, se fracturó como resultado de caracterizaciones divergentes de la coyuntura y del apoyo o rechazo a las políticas menemistas. Si el PR se diluyó en las internas peronistas, el copamiento de La Tablada en enero de 1989 liquidó el MTP. La pérdida de militantes –presos, desaparecidos o encarcelados– y el amplio rechazo que la acción generó en la sociedad argentina –incluido en el grueso de las organizaciones de izquierda– determinaron el fin de este proyecto político.

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